Manual para la identificación de inversión en primera infancia: Hacia la construcción de anexos transversales – CIEP
Los primeros 1,000 días de vida son determinantes para el desarrollo de una persona (Unicef, 2017). aquí Las personas que durante la primera infancia tuvieron apoyos integrales obtienen mejores resultados académicos, mejores trabajos y mayores ingresos en su etapa adulta. Por ello, la aplicación de esta guía metodológica tiene como propósito identificar la inversión potencial de la primera infancia en las entidades federativas. Esto podrá sentar las bases para la elaboración y/o revisión de los anexos y sub-anexos transversales en el presupuesto, especialmente el dirigido a las primera infancia. Invertir en la primera infancia es avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. El asegurar el pleno acceso y ejercicio de los derechos de las personas entre cero y cinco años de edad ayuda a combatir la pobreza y la desigualdad (UNICEF, 2012). Además, los recursos destinados a la primera infancia tienen mayores rendimientos en contraste con los realizados en otras etapas de la vida (Heckman, 2017). Por lo tanto, las acciones encaminadas a mejorar el desarrollo en la primera infancia se convierten en una inversión. Los análisis costo-beneficio indican que “por cada dólar destinado a mejorar el desarrollo de las personas en primera infancia, el rendimiento promedio puede ser de 4 a 5 veces la inversión y en algunos casos, aún más” (UNICEF, 2019). Una política pública sin presupuesto es una política difícil de implementar. Con la finalidad de que existan recursos para la protección de los derechos de la niñez la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria preveen la asignación de recursos para niñas, niños y adolescentes. Para ello, existe un anexo transversal que reporta las erogaciones presupuestadas cada año para la atención de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la metodología de construcción de este anexo se basa en porcentajes y cuotas que no tienen un medio de verificación público directo que vincule a las acciones efectivas que se ejecutan en favor de la niñez.
